La pandemia que azota a la humanidad ha llevado a una cuestión que preocupa por el tono en que pudiera realizarse y por la forma en que se pudiera dar respuesta. Se trata de que, ante un incremento de casos positivos de COVID-19 y un agotamiento de los recursos médicos, ¿a quién se le debe dar prioridad para ser atendido?
Lo primero que hay que decir es que Dios no hace acepción de personas (Romanos 2, 11). Ninguna vida vale más que otra; que se nos grabe bien esto en la mente y en el corazón. Este es un principio fundamental que incluso Costa Rica recoge en su Constitución Política, artículo 21: “la vida humana es inviolable”. “Todo individuo tiene derecho a la vida”, nos dice también la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3; y este mismo documento afirma, en su artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
Por tanto, de frente a esa interrogante, la primera respuesta sería: deben aumentarse al máximo los medios de tratamiento, sean públicos o privados, para la atención de enfermos en estado de gravedad, llámese enfermos de COVID-19 o de otra enfermedad.
La dignidad humana debe ser defendida más allá de criterios de selección que marquen cualquier acotación de desigualdad como lo puede ser determinar preferencias por edad, porque un paciente llegó primero que otro, por recursos económicos, etc. No cabe en la valoración del ser humano que uno cuente más que otro. El Magisterio de la Iglesia nos enseña que la vida de todo ser humano ha de ser respetada de modo absoluto desde el momento mismo de la concepción, “porque el hombre es la única criatura en la tierra que Dios ha querido por sí misma”, y el alma espiritual de cada hombre es “inmediatamente creada por Dios”.
Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término: nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente: así nos ilumina la Instrucción Donum Vitae (de la Congregación para la Doctrina de la Fe), sobre el respeto de la vida naciente y la dignidad de la procreación.
Solo de modo excepcional, y ante la evidencia científica, la atención médica, repito, en un caso extremo de limitación de recursos, se brindaría según las posibilidades objetivas de supervivencia de cada paciente. Pero, esto no puede ser de modo desproporcional a cualquiera otra condición de la persona, pues la obligación de quien hizo el juramento hipocrático siempre debe tender al cuidado y a la preservación de toda vida.
Así como la Iglesia defiende la vida desde la concepción hasta su muerte natural, defiende la vida en todas sus etapas. Por eso, hemos defendido, hemos apoyado que, ante la pandemia, se tomen todas las medidas preventivas para aplacar el riesgo de contagio. Esto no tiene discusión.
En la misma medida, todos los esfuerzos médico-científicos, apoyados por el Estado, deben ser tendientes a brindar tratamiento a todo aquel enfermo que lo requiera. El valor sagrado de la vida no admite ninguna discusión para su defensa y cuidado.
Tomemos conciencia, y especialmente se lo pido a los profesionales de la salud, que son esa primera línea de combate ante esta enfermedad, recuerden el valor de la profesión que han escogido para atender a todos los seres humanos.
No nos toca decidir quién vive o no. ¡Que el Señor nos ilumine y ayude en este tema trascendental!
Fermento 121. Martes 28 de julio, 2020
