“Son moralmente condenables, como atentados a la dignidad de la persona y de la familia, los programas de ayuda económica destinados a financiar campañas de esterilización y anticoncepción o subordinados a la aceptación de dichas campañas. La solución de las cuestiones relacionadas con el crecimiento demográfico se debe buscar, más bien, respetando contemporáneamente la moral sexual y la social, promoviendo una mayor justicia y una auténtica solidaridad para dar en todas partes dignidad a la vida, comenzando por las condiciones económicas, sociales y culturales”.
El Compendio de la Doctrina Social, en su numeral 234, deja muy clara la posición del Magisterio de la Iglesia con relación al respeto de la dignidad humana y a la promoción de la vida, derecho sagrado que no puede ser manipulado.
Por eso, es inaceptable la “preocupación” del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) la cual indica que: “47 millones de mujeres podrían perder su acceso a anticonceptivos, lo que provocaría 7 millones de embarazos no planeados en los próximos meses” en medio de la pandemia provocada por el COVID-19.
Un estudio que realizaron “revela la enorme magnitud de la repercusión que está teniendo la COVID-19 en las mujeres a medida que los sistemas de salud se ven desbordados, se cierran establecimientos sanitarios o se limitan los servicios que ofrecen a mujeres y niñas (…). Las alteraciones de las cadenas de suministro mundiales también pueden provocar una importante escasez de anticonceptivos, y se prevé un aumento de la violencia por razón de género”.
No debemos confundir. Desde luego que la Iglesia se opone a cualquier violencia por razón de género, a cualquier muestra de machismo y se opone también a la violencia conyugal y familiar. “Un acto conyugal impuesto al cónyuge sin considerar su condición actual y sus legítimos deseos, no es un verdadero acto de amor”, nos decía San Pablo VI en su encíclica Humanae Vitae (numeral 13).
Dice el Fondo de Población de Naciones Unidas que “por cada 3 meses que se mantenga el confinamiento, habrá hasta 2 millones más de mujeres que no puedan utilizar anticonceptivos modernos”. Disfrazar esto alegando violencia de género no se vale. Atacamos la dignidad humana si la moral sexual y social no se respeta.
“Los hombres rectos podrán convencerse todavía de la consistencia de la doctrina de la Iglesia en este campo si reflexionan sobre las consecuencias de los métodos de la regulación artificial de la natalidad. Consideren, antes que nada, el camino fácil y amplio que se abriría a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad”, dijo San Pablo VI en Humanae Vitae (numeral 17).
El Compendio del Catecismo de la Iglesia advierte: “El estrecho vínculo que existe entre el desarrollo de los países más pobres, los cambios demográficos y un uso sostenible del ambiente, no debe utilizarse como pretexto para decisiones políticas y económicas poco conformes a la dignidad de la persona humana” (numeral 483).
Más inaceptable es cuando, en medio de la pandemia, cerca de sesenta países firman una declaración conjunta sobre la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la promoción de la perspectiva de género en la pandemia de Covid-19. Se alienta con esto a que gobiernos de todo el mundo garanticen el pleno acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Hay una intención clara de evitar el “peligro” de múltiples nacimientos en esta época, por parte de esta agencia de Naciones Unidas que precisamente promueve el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
¿Son los no nacidos seres de segunda clase? Lamentablemente, Costa Rica aparece en esa lista de firmantes. Por un lado, nos golpeamos el pecho por el combate ante el COVID-19 donde toda vida cuenta, y por el otro, se ve a los seres no nacidos como seres de descarte. ¡Toda vida cuenta! Dios es el único que la puede dar y quitar. Sobre toda vida que nace hay un propósito de Dios para ese ser o persona.
Fermento 109. Martes 19 de mayo, 2020
