En Costa Rica, la educación ha sido históricamente un pilar fundamental del desarrollo social y económico. Sin embargo, en los últimos años, ha habido una creciente disputa en torno a los recursos destinados a la educación universitaria, primaria y secundaria, como si todas no fuera importantes.
La falta de consenso, en cuanto a las prioridades, genera un ambiente de incertidumbre y crisis. El recurso financiero, siempre limitado, es insuficiente para satisfacer las necesidades de todos los niveles del sistema educativo. Esta situación ha puesto al país en una encrucijada: si no se define una visión clara y unificada, se pone en riesgo el futuro de niños y adolescentes.
El rezago educativo en Costa Rica es una realidad preocupante y palpable. Los resultados de diversas evaluaciones nacionales e internacionales han evidenciado una brecha que no solo se refleja en los niveles de aprendizaje, sino también en la capacidad del país para competir en un mundo globalizado.
Por otro lado, el elevado tono de la discusión sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) dejó en evidencia que, más allá de la disputa o la visión por los recursos, existe una falta de visión país en materia educativa. Se requiere que todos estemos en el mismo barco. Atrás deben quedar intereses mezquinos de unos cuantos.
La educación no es solo un tema de presupuestos. Es una cuestión que afecta a las futuras generaciones. Si seguimos discutiendo sin llegar a consensos, si continuamos destinando recursos de manera fragmentada y sin una estrategia clara, estamos condenando a nuestros jóvenes a un futuro incierto.
Es hora de que como país se tome una decisión firme y valiente. Los líderes políticos, las instituciones educativas y la sociedad civil deben unirse para construir un proyecto educativo a largo plazo, en el que los recursos se destinen de manera equitativa y estratégica, priorizando las áreas más vulnerables sin dejar de lado la excelencia académica. No podemos seguir con una visión que solo acentúa la desigualdad y el rezago.
El llamado es a todos: a las familias, a los docentes, a los estudiantes y, por supuesto, a los responsables de tomar decisiones. Todos somos parte de este desafío y todos somos responsables de su solución. La falta de recursos es una realidad, pero la falta de visión y compromiso es una opción que no podemos permitirnos.
Priorizar recursos hacia los más vulnerables debe ser también un criterio entre los que toman decisiones. Asignación de becas, la posibilidad de acceder a regiones vulnerables, deben mover a nuestras autoridades, mientras vemos escuelas y colegios que por años han esperado recursos para mejorar su infraestructura.
Igualmente, el acceso a educación superior en regiones lejanas al Gran Área Metropolitana, donde se concentran las mayores oportunidades, también debe mover a las autoridades educativas para alcanzar una mayor integración y acceso a la excelencia para quienes habitan en áreas rurales.
La educación no puede seguir siendo un tema de discusión acalorada o de polarizada, debe convertirse en una prioridad nacional. Y esta prioridad no se basa únicamente en cifras y porcentajes, sino en el compromiso ético y moral de garantizar que todos los ciudadanos, sin excepción, tengan acceso a una educación de calidad que les permita construir un futuro mejor.
Fermento 346. Martes 12 de noviembre, 2024