La Iglesia no puede callar cuando el pecado se vuelve estructura, cuando las prácticas injustas hieren el tejido de la sociedad, y cuando la corrupción —en todas sus formas— se normaliza como si fuera parte inevitable de la vida pública. No lo es. La corrupción es una forma grave de pecado que destruye la confianza, perpetúa la exclusión y atenta directamente contra el bien común.
Cada vez que un servidor público utiliza su cargo para favorecer intereses personales o de grupos, traiciona la misión que le ha sido confiada por el pueblo. La función pública, vista desde la ética cristiana, es una vocación de servicio que debe ejercerse con transparencia, humildad y responsabilidad. La corrupción, por el contrario, es el rostro amargo del egoísmo y de la idolatría del poder y del dinero.
Nuestro compromiso como pastores es exhortar a todos —creyentes o no— a construir una sociedad cimentada en la verdad, la justicia y la equidad. La justicia social no es una aspiración secundaria: es la única forma de garantizar la paz y la dignidad de cada persona. La corrupción, en cualquier de sus formas, quebranta esa justicia, impide que lleguen los servicios esenciales a quienes más los necesitan y prolonga el sufrimiento de los más vulnerables.
Es urgente que los ciudadanos tomen conciencia de su papel en esta lucha. El silencio ante la corrupción es complicidad. Es necesario denunciar con valor lo que degrada nuestra convivencia y clamar por mecanismos eficaces de control, fiscalización y rendición de cuentas. Pero más aún, urge formar conciencias rectas desde la familia, la escuela y la comunidad de fe.
No podemos olvidar que detrás de cada acto de corrupción hay rostros concretos que sufren: niños sin acceso a la educación, enfermos sin medicamentos, comunidades sin caminos, familias enteras excluidas del desarrollo.
Como obispo, hago un llamado claro y fraterno a quienes tienen responsabilidades públicas: sirvan con integridad, rechacen cualquier práctica opaca y no olviden que toda autoridad será juzgada por su fidelidad a la verdad y a los más pequeños. La confianza del pueblo no es un derecho automático, es un privilegio que se gana cada día con actos de honestidad y coherencia.
Nos dice el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, numeral 412: “La administración pública, a cualquier nivel —nacional, regional, municipal—, como instrumento del Estado, tiene como finalidad servir a los ciudadanos: El Estado, al servicio de los ciudadanos, es el gestor de los bienes del pueblo, que debe administrar en vista del bien común”. Esa debe ser una aspiración constante.
La Iglesia ha insistido siempre en que toda estructura de pecado debe ser combatida con estructuras de virtud. Esto implica fortalecer la educación cívica, promover una cultura de legalidad y formar líderes que vivan la política como una expresión de amor al prójimo.
Que María, Madre de la justicia y de la verdad, interceda por nuestro pueblo. Que nos ayude a no acostumbrarnos jamás a la corrupción y a no justificarla ni a minimizarla. Y que nos impulse a ser sal y luz, también en el terreno de lo público, para que nuestra sociedad sea un lugar donde florezca la dignidad, y no la impunidad.
Fermento 380. Martes 8 de julio, 2025